La diputada delegada de Economía,
Inmaculada Hernández, ha denunciado hoy que la Agencia Andaluza del
Agua, dependiente de la Junta de Andalucía, no está ingresando las
cantidades correspondientes a la recaudación del impuesto de Bienes
Inmuebles de Características Especiales (BICES) correspondiente al
ejercicio 2011. En concreto, la administración andaluza adeuda 4
millones de euros a la Diputación Provincial, institución responsable de
transferir posteriormente las cantidades a los ayuntamientos que tienen
un pantano o embalse en su término municipal, principal inmueble que
abarca este impuesto.
Hernández comentó que son 26 los municipios
afectados en la provincia de Granada y destacó el caso de Güéjar Sierra,
a cuyo ayuntamiento se adeuda 1.128.490 euros. “A pesar de que la
titularidad de los pantanos y embalses es de la Junta de Andalucía, el
uso y la gestión de los mismos lleva aparejado el pago de todos los
tributos que pesen sobre los inmuebles”, explicó.
A Güéjar Sierra le siguen los municipios de Órgiva, al cual adeudan 458.125 euros por la presa de Rules; Castril, con 323.278 euros pendientes por el embalse del Portillo; La Peza, con 294.215 euros por el embalse Francisco Abellán; o El Pinar, que comparte el embalse de Béznar, por el que le adeudan 56.716 euros, y la presa de Rules, con 116.043 euros.
La responsable provincial de Economía reconoció que la administración autonómica venía pagando los BICES en ejercicios anteriores, “pero desde que la mayoría de las diputaciones están gobernadas por el Partido Popular, la Junta ha decidido no pagar el IBI de los pantanos”. Según detalló, el periodo de pago voluntario del IBI de características especiales va del 1 de julio al 31 de agosto, y del 1 de septiembre al 20 de noviembre. “Sin embargo, los impagos se están dando a partir del cambio de gobierno en las diputaciones, porque hasta ahora la obligación de pago por parte de la comunidad autónoma se realizó puntualmente, con carácter general, hasta el ejercicio 2010 inclusive”.
Inmaculada Hernández confirmó que el equipo de Gobierno de la Diputación va a dejar pasar el plazo de pago en voluntaria, continuará la vía de apremio y cobrará a la Junta de Andalucía el 5 ó 10 por ciento preceptivo, “y si aún así no nos ingresa, adoptaremos las medidas oportunas, en vía administrativa, ante el tribunal económico, al contencioso, y si es necesario hasta contrataremos al cobrador del frac, para que esté detrás de los responsables de la Junta y que hagan efectivo el pago de este impuesto a los municipios”.
Precisamente, el alcalde de Güéjar Sierra, José Robles, explicó que, para su ayuntamiento, afrontar el recibo de este impuesto supone un 50 por ciento de los recursos ordinarios municipales. Recordó que los gastos del embalse de Canales, en su caso, se hacen con cargo a esos recursos desde el 1 de enero de 2011. “A pesar de saber que tiene una deuda con los ayuntamientos y que tiene que pagar, la Junta se mofa de los ayuntamientos y dice que no piensa pagarlo porque hay una sentencia del Tribunal Constitucional donde se afirma que no se sabe muy bien de quien son las competencias”, criticó Robles, quien ironizó con que, mientras se “aclara” esta cuestión y los vecinos siguen pagando sus tributos, los guardas fluviales siguen poniendo sanciones a quienes cometen alguna irregularidad, como le sucedió al propio Ayuntamiento de Güéjar Sierra, que ayer mismo era sancionado con una multa de 7.000 euros.
El primer edil felicitó que, por fin, la Diputación de Granada esté “dando la cara” por los ayuntamientos granadinos y recordó que todos ellos tienen delegada la gestión de los BICES a la Diputación, “institución que es quien tiene que reivindicar ante la Junta ese pago, pero la sumisión ante sus compañeros de Sevilla impedía al anterior equipo de Gobierno reclamar este impuesto que para los municipios es fundamental”.
Robles criticó que los ayuntamientos han pagado parte de ese dinero en lo que va de año, pero la Junta de Andalucía “se niega a pagar”. El primer edil adelantó que ya ha solicitado, desde el Ayuntamiento de Güéjar Sierra y la Diputación de Granada, una reunión con el director general de la Agencia Andaluza del Agua y responsable de estos pagos.
“Los gobernantes del Ayuntamiento de Güéjar Sierra y de la Diputación de Granada tenemos que dar ejemplo como administraciones públicas que somos, porque los vecinos de mi pueblo que no pagan en tiempo y forma sus impuestos están obligados a abonar un 5 por ciento de recargo. Si por el contrario, llegan al apremio les aumenta un 10 por ciento y, si continúan sin pagar, empiezan a pagar el 20 por ciento de intereses. Un administración como la Junta, que tiene que dar ejemplo, pues no paga”, insistió José Robles.
A Güéjar Sierra le siguen los municipios de Órgiva, al cual adeudan 458.125 euros por la presa de Rules; Castril, con 323.278 euros pendientes por el embalse del Portillo; La Peza, con 294.215 euros por el embalse Francisco Abellán; o El Pinar, que comparte el embalse de Béznar, por el que le adeudan 56.716 euros, y la presa de Rules, con 116.043 euros.
La responsable provincial de Economía reconoció que la administración autonómica venía pagando los BICES en ejercicios anteriores, “pero desde que la mayoría de las diputaciones están gobernadas por el Partido Popular, la Junta ha decidido no pagar el IBI de los pantanos”. Según detalló, el periodo de pago voluntario del IBI de características especiales va del 1 de julio al 31 de agosto, y del 1 de septiembre al 20 de noviembre. “Sin embargo, los impagos se están dando a partir del cambio de gobierno en las diputaciones, porque hasta ahora la obligación de pago por parte de la comunidad autónoma se realizó puntualmente, con carácter general, hasta el ejercicio 2010 inclusive”.
Inmaculada Hernández confirmó que el equipo de Gobierno de la Diputación va a dejar pasar el plazo de pago en voluntaria, continuará la vía de apremio y cobrará a la Junta de Andalucía el 5 ó 10 por ciento preceptivo, “y si aún así no nos ingresa, adoptaremos las medidas oportunas, en vía administrativa, ante el tribunal económico, al contencioso, y si es necesario hasta contrataremos al cobrador del frac, para que esté detrás de los responsables de la Junta y que hagan efectivo el pago de este impuesto a los municipios”.
Precisamente, el alcalde de Güéjar Sierra, José Robles, explicó que, para su ayuntamiento, afrontar el recibo de este impuesto supone un 50 por ciento de los recursos ordinarios municipales. Recordó que los gastos del embalse de Canales, en su caso, se hacen con cargo a esos recursos desde el 1 de enero de 2011. “A pesar de saber que tiene una deuda con los ayuntamientos y que tiene que pagar, la Junta se mofa de los ayuntamientos y dice que no piensa pagarlo porque hay una sentencia del Tribunal Constitucional donde se afirma que no se sabe muy bien de quien son las competencias”, criticó Robles, quien ironizó con que, mientras se “aclara” esta cuestión y los vecinos siguen pagando sus tributos, los guardas fluviales siguen poniendo sanciones a quienes cometen alguna irregularidad, como le sucedió al propio Ayuntamiento de Güéjar Sierra, que ayer mismo era sancionado con una multa de 7.000 euros.
El primer edil felicitó que, por fin, la Diputación de Granada esté “dando la cara” por los ayuntamientos granadinos y recordó que todos ellos tienen delegada la gestión de los BICES a la Diputación, “institución que es quien tiene que reivindicar ante la Junta ese pago, pero la sumisión ante sus compañeros de Sevilla impedía al anterior equipo de Gobierno reclamar este impuesto que para los municipios es fundamental”.
Robles criticó que los ayuntamientos han pagado parte de ese dinero en lo que va de año, pero la Junta de Andalucía “se niega a pagar”. El primer edil adelantó que ya ha solicitado, desde el Ayuntamiento de Güéjar Sierra y la Diputación de Granada, una reunión con el director general de la Agencia Andaluza del Agua y responsable de estos pagos.
“Los gobernantes del Ayuntamiento de Güéjar Sierra y de la Diputación de Granada tenemos que dar ejemplo como administraciones públicas que somos, porque los vecinos de mi pueblo que no pagan en tiempo y forma sus impuestos están obligados a abonar un 5 por ciento de recargo. Si por el contrario, llegan al apremio les aumenta un 10 por ciento y, si continúan sin pagar, empiezan a pagar el 20 por ciento de intereses. Un administración como la Junta, que tiene que dar ejemplo, pues no paga”, insistió José Robles.
No hay comentarios:
Publicar un comentario